Por Miguel González Compeán
Se han hecho frecuentes y reiteradas las agresiones del presidente a la Suprema Corte y a sus ministros. Desde la llegada de la ministra Piña a la presidencia del máximo tribunal, AMLO no ha desaprovechado mañanera alguna para lanzar diatribas. Comenzó asegurando que desde la llegada de la presidenta se notaba como habían aumentado los casos en los que jueces y magistrados habían aceptado actos de corrupción, habían liberado a delincuentes y habían fallado nada más atendiendo a la ley y no a la justicia como él quisiera.
Después acusó al Consejo de la Judicatura de ser un florero, con la complicidad de la ministra presidenta. De su incapacidad para vigilar a los jueces y magistrados en su comportamiento y resoluciones. Siguió acusándolos de corruptos y de ser una institución del viejo régimen, de los tiempos del narcoestado, olvidando por cierto que su actual senadora y exsecretaria de Gobernación ejerció de ministra y con altura de miras durante ese periodo al que él tanto critica.
Enfocó después sus baterías contra el ministro en retiro José Ramón Cossío. Lo tildó de hipócrita y corruptazo con motivo de ser orador en la concentración reciente en el zócalo. Y lo acusó de ser el único en haber votado en contra de la resolución sobre el asunto de la Guardería ABC, cuando el ministro lo único con lo que no estaba de acuerdo era con la idea de que las cabezas de las instituciones deberían ser tan culpables como los subalternos de cuarto o quinto nivel. De haberse aprobado ese criterio, el presidente hoy sería tan culpable como los cuatro cabos detenidos por la masacre de Nuevo Laredo. Ah, y se me olvidaba, que el único que no estuvo de acuerdo con el desafuero de AMLO cuando era jefe de gobierno fue el propio ministro Cossío, lo que le valió entonces duras críticas de diversos opinadores. Bueno, es que cuando la perra es brava hasta a los de casa muerde.
Más recientemente, el 24 de febrero, no dejó que el ministro Pérez Dayán hablara en el acto de la bandera y lo relegó a cuarta fila en el presídium, cosa inusual durante los últimos 100 años.
En fin, que el presidente ha decidido iniciar una guerra contra el Poder Judicial con el único propósito de presionar por su plan B. El problema es que la estrategia del presidente no se basa en la discusión y el acuerdo sino en las groserías, los epítetos y las descalificaciones. La propuesta de reforma promovida es un absoluto sinsentido, que tiene vicios de procedimiento en su legislación, para empezar, y de contenido que claramente atenta contra la legalidad definida por nuestra Carta Magna, como el despido absurdo, ilegal e inconstitucional de Edmundo Jacobo, ejemplar funcionario del INE.
La pelota está en el Poder Judicial y las tensiones entre dicho poder y el Ejecutivo serán pan de cada día hasta que se resuelva. La cuestión será, a partir de ahí, de declararse inválidas las leyes recién publicadas, ¿qué podemos esperar?
Con un presidente cada día más colérico, con dislates en los que es capaz de defender la corrupción, como un posible mecanismo de beneficio al pueblo y con molinos de viento como enemigos en cada esquina, cualquier locura es posible. Imagínela usted. Nada más, pero nada menos también.