Por Miguel González Compeán
La dignidad es un bien que se da por supuesto en la SCJN. El iuz diccere (lo que dice la ley), de donde viene judicatura y juez, supone no sólo conocimiento, sino seriedad.
No es extraño por eso que, como en otros casos, la solemnidad se aplique a las sesiones del pleno de la SCJN. La solemnidad no es un capricho, ni está colocado ahí en las sesiones como adorno, significa que los miembros de la corte tienen la obligación de enfrentar los asuntos que tratan con independencia, autonomía de criterio y con dignidad. La responsabilidad de interpretar la constitución y servir de sus garantes conlleva la responsabilidad enorme de que los propios interpretes deben ser ejemplo de imparcialidad y comportamiento intachable.
En la semana, sin embargo, dos ministros de la corte dieron muestras de todo lo contrario. En primer lugar, el ministro expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, al enfrentar a sus compañeros sobre la adscripción que debería tener la GN entre depender del mando militar o depender del mando civil, como lo indica la constitución, opto por una interpretación inverosímil de la realidad.
Sostuvo el señor ministro que en virtud de que el mando supremo de las fuerzas armadas (ejército y marina) lo tenía el presidente de la república, un civil, no había razón para que la GN, no estuviera bajo el mando del aparato militar. Eso equivaldría, como dijo un reconocido periodista y articulista en otro medio: “los leones no son felinos, porque el domador es una persona”.
Ya sabíamos que el ministro Zaldívar tenía preferencias políticas por el presidente de la república, pero lo dicho por él la semana pasada, equivale a la abyección y a la perdida absoluta de la dignidad. Querer torcer la realidad con un argumento tramposo como el que nos ofreció el ministro, es por decir lo menos, un fraude a la realidad. Sólo 17 países de todo el mundo tienen al ejército involucrado en labores de seguridad pública y coinciden con las dictaduras más férreas existentes en el orbe. Pero además exhibe una sospecha que se ha tenido a lo largo de lo que fue su presidencia, que jamás iría, en las más de 18 controversias constitucionales de leyes aprobadas por Morena, en contra de AMLO.
Seguidamente, el viernes un tribunal colegiado decidió revertir el amparo que había logrado de una juez, la ministra Yasmín Esquivel, para habilitar a la UNAM a que el comité de ética de dicha casa de estudios pudiera emitir y comunicar el fallo sobre el plagio que supuestamente cometió la ministra hace más de 35 años.
Con una muy extraña velocidad, a la que no está acostumbrada la justicia mexicana, de nuevo un juez civil de la CDMX, dictó medidas cautelares para que no sólo el comité de ética, sino la universidad, el rector quien no puede ni siquiera citar al Consejo Universitario y demás autoridades (en particular al abogado general de la UNAM) no se pudieran pronunciar respecto del plagio investigado y señalado por el editorialista Guillermo Sheridan. Hay medidas cautelares y no se sabe, por cierto, de que se demanda a la UNAM en dicho juzgado.
La FES Acatlán se ha pronunciado aseverando que existe tal plagio. Las comparaciones hechas en la prensa así lo reportan también. Mientras tanto los argumentos y la probidad de la ministra respecto del supuesto plagio están en el aire. En ambos casos, la dignidad de ambos ministros está en duda y, por lo tanto, la probidad de la SCJN, dos eventos que comprometen a la corte y dejan en una vergonzosa posición a ambos ministros. Nasa más, pero nada menos, también.
