En el segundo foro, titulado: Retos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se destacó la advertencia que en este sentido lanzó el IMEF a principios de año a través del Comité Nacional de Estudios Económicos, grupo de especialistas que alertó sobre el fuerte riesgo que esto representaba para la economía nacional y el ámbito político bilateral.
Bajo este contexto, Carlos Montaño Fernández, ex subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda; Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos IMEF; Patricio Martínez Llompart, abogado de la firma KKL LLP especialista en legislación estadounidense; José Antonio Quesada, asesor de la presidencia nacional IMEF, Vicente López Portillo, presidente del Consejo Técnico y Gabriela Gutiérrez, presidenta nacional del IMEF, discernieron sobre el tema ante más de 200 participantes conectados al webinars, destacándose lo siguiente:
Patricio Martínez Llompart, abogado especialista en litigio penal y radicado en la ciudad de Nueva York, comentó que el andamiaje legal y regulatorio utilizado por Estados Unidos surgió a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 y ahora se están redirigiendo hacia México, luego de estar enfocadas por décadas a países del Medio Oriente.
Agregó que existe un consenso entre los partidos políticos estadounidenses para atender el asunto del fentanilo y el trasiego de drogas transfronterizo de forma tajante y urgente, razón por la cual el combate al crimen organizado transnacional se mantendrá como tema clave en la agenda de política pública estadounidense.
Señaló que tras las designaciones de CI Banco, Intercam y Vector, el sistema financiero mexicano está bajo el escrutinio directo de las autoridades estadounidenses de una forma sin precedente y bajo el sistema legal estadounidense, lo más importante para una empresa que está decidiendo cómo responder ante este nuevo panorama es reconociendo que existe un nuevo riesgo, adoptando sus políticas y programas de cumplimiento de la manera correspondiente. La mejor defensa es la prevención, apuntó.
Destacó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofrece un trato más favorable a las entidades que reportan y atienden su mala conducta de forma proactiva y cooperan con las investigaciones del departamento. Recomendó implementar controles robustos y mantenerse informados sobre estos nuevos desarrollos, así como documentar cada paso tomado en este nuevo camino, cada proceso de debida diligencia y cada decisión de cumplimiento. El costo de prevenir siempre que el gobierno de los Estados Unidos está envuelto en algún tipo de investigación es mucho menor que el costo de tener que remediar y lidiar un proceso largo con las autoridades criminales de los Estados Unidos.
Para Carlos Montaño Fernández, ex subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda, México no entendió lo que estaba pasando pese a todos los antecedentes que venían ocurriendo. Se confió en el hecho de seguir la normatividad mexicana y la revisión de la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO), lo cual no fue suficiente.
Señaló que las exigencias de las autoridades norteamericanas muestran una nueva realidad y ahora se deberá tener un aparato de información mucho más sofisticado que incluya los comunicados del Departamento de Justicia norteamericano, los comunicados del FinCEN, las listas de OFAC, Interpol, la DEA, pero más allá de eso, de aquellas personas y entidades que acaben siendo señaladas en algún documento del gobierno americano.
Consideró la necesidad de evaluar las ponderaciones de riesgo anuales y considerar el riesgo que conllevan
ciertas zonas geográficas. Esto marcará la pauta de dónde poner atención para reforzar los mecanismos de prevención.
Hizo énfasis en que México no es una economía cerrada, forma parte de un sistema financiero internacional perfectamente interconectado y dicha interconexión podría implicar vulnerabilidad.
Recordó que al iniciar la administración Trump, Canadá y México fueron señalados por el tema de narcotráfico,
pero Canadá asumió una posición más proactiva al cambiar rápidamente leyes y acercarse al gobierno
norteamericano, tratando de demostrar que estaba respondiendo a las preocupaciones del gobierno
estadounidense. Probablemente el gobierno americano no vio esa misma respuesta por parte de México y ahora las únicas entidades sancionadas son mexicanas, lo cual también puede representar una falla en la forma en como la administración pública está enfrentando los retos presentes.
Por último, señaló que las entidades necesitan de la ayuda del gobierno para compartir información de manera ágil y útil e hizo énfasis en la necesidad de formar una cultura de prevención a nivel nacional.
Durante su intervención, Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, reconoció que el señalamiento a CI Banco, Intercam y Casa de Bolsa Vector, representó un fuerte golpe para todo el sistema financiero mexicano porque abrió la puerta de la duda sobre lo que está haciendo nuestro país en materia de compliance, con la posibilidad de un impacto importante en la economía nacional.
Explicó que la actualización urgente del marco normativo debido a las recientes sanciones ralentiza la actividad financiera de la banca implicando una canalización del crédito y crecimiento más lentos. Para dimensionar la magnitud de lo anterior, mencionó que Valle de Bravo, destino de casas de verano ubicado a hora y media de la Ciudad de México es, desde hace años, territorio tomado por uno de los cárteles designado como organización terrorista. Su modus operandi consiste en exigir a quienes construyen en ese lugar, que solamente usen una compañía de transporte de materiales operada por un sindicato en específico, el cual es manejado por el cártel
señalado. Hoy, después de cinco años del problema la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina ya fueron a
cerrar dichos negocios, ocasionando bloqueos de vialidades.
Si bien Valle de Bravo es una economía de fin de semana, hoy está detenida. Los comercios están cerrados porque los involucrados con esta organización delictiva están manifestándose contra la autoridad por hacer el trabajo que debió haber hecho hace tiempo. Ese es el riesgo que se tiene con la economía en su conjunto. Otro ejemplo es Culiacán, donde ha habido enfrentamiento por meses; deteniendo la economía local. El cúmulo de episodios
como estos a final de cuentas se tiene un impacto a nivel nacional.
Por otra parte, advirtió que en la recién aprobada Ley Antilavado dejaron fuera lo relacionado al financiamiento de una organización terrorista con dinero legalmente habido, en virtud de la aversión que se tiene para reconocer que existe este problema en México. Ante ello, subrayó la necesidad de modernizar el marco regulatorio del país, así como el marco legal para que sean compatibles con la normatividad internacional, particularmente la de Estados Unidos ya que las entidades que sancionan están domiciliadas en ese país. Consideró que en la medida en que se procese esta nueva realidad y se invierta en actualizar la actividad de compliance, se estará evitando
caer en una sanción que perjudique económicamente mucho más de lo que está sucediendo en estos momentos.
El evento concluyó con la invitación a participar en la tercera sesión virtual de este análisis, programada para el 28 de julio a las 18:00 horas, a través de los webinars IMEF.