Por. – Benjamín Bojórquez Olea.
La serpiente en el jardín sindical de la UAdeO
Hay momentos en la vida pública donde la ilegalidad deja de ser un accidente y se convierte en método. La Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) parece estar caminando peligrosamente hacia ese umbral, donde la norma no es el marco que ordena, sino el obstáculo que se esquiva con astucia y complicidad. La pregunta no es menor: ¿qué es lo que viene para la UAdeO en Sinaloa?
El mandato del actual comité sindical concluyó el pasado 22 de febrero. A partir de ese momento, cualquier acto, acuerdo o firma carece de sustento jurídico. No es una opinión, es una condición legal. Cuando una institución universitaria ignora esta realidad, no sólo transgrede la ley: renuncia a su vocación ética. Y cuando el sindicato ignora la ley para conservar el control, deja de representar a los trabajadores y se convierte en una estructura de poder sin legitimidad moral.
La renovación sindical, programada del 9 al 13 de marzo, se ha convertido en una batalla simbólica entre dos proyectos. Por un lado, la planilla Verde encabezada por Raimundo Magaña, un docente respetado con 22 años de servicio, percibido como la voz genuina de la base trabajadora. Por otro lado, la planilla Roja, encabezada por Carlos Leal Orozco, rodeada de sombras políticas, acusaciones de protección a desfalcos millonarios por parte del rufián Raúl Portillo Molina y una narrativa que huele más a operación política que a defensa laboral. Y detrás de esta planilla Roja se encuentra el candidato eterno a la rectoría Ezequiel Avilés Ochoa.
Pero el punto verdaderamente grave no es el rumor, ni la sospecha, ni siquiera el presunto desfalco de 5.3 millones de pesos. Lo verdaderamente grave es la institucionalización del conflicto de interés. A tal grado, de querer dejar sustituto para que cuiden la espalda a Raúl Portillo Molina.
Es verdaderamente increíble que en la estructura de la planilla Roja figure el doctor y funcionario público Manuel Pellegrini Vidales, Coordinador Operativo de IMSS-Bienestar en la región del Évora, como secretario de Prestaciones Sociales del Sindicato Universitario, no es una anécdota administrativa: es una afrenta directa al Estado de Derecho.
La ley recién publicada prohíbe a funcionarios públicos intervenir en procesos sindicales autónomos. No es una recomendación, es una prohibición. Y aun así, se desafía la instrucción del gobernador Rubén Rocha Moya, del secretario de Salud Cuitláhuac González Galindo y del coordinador estatal del IMSS-Bienestar Julio César Quintero.
Ocurre lo que advertía Hannah Arendt: la banalización del mal, la normalización de la ilegalidad como rutina burocrática. Ocurre lo que Maquiavelo no se atrevió a justificar: el uso del poder no para gobernar, sino para blindarse.
Si el doctor Pellegrini Vidales busca una cartera sindical para descargarse académicamente mientras mantiene su cargo público, estamos frente a una doble moral institucionalizada. No se trata de un error técnico, sino de una arquitectura del privilegio: la ley para los otros, la excepción para los cercanos al poder.
GOTITAS DE AGUA:
La universidad, por definición, debería ser el último bastión de la ética pública, el laboratorio donde se enseña que la legalidad no es una formalidad, sino una condición de convivencia civilizada. Cuando la universidad tolera estas prácticas, se traiciona a sí misma. Se convierte en una fábrica de discursos vacíos y en una incubadora de prácticas corruptas. La comunidad universitaria está ante una disyuntiva moral. Puede mirar hacia otro lado y aceptar que la universidad funcione bajo la sombra de la ilegalidad, o puede exigir que la ley se respete, incluso cuando incomoda a los poderosos. “Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos mañana”…