Por. – Benjamín Bojórquez Olea.
La diferencia entre servicio público y servicio civil
La fortaleza individual suele confundirse con arrogancia. Pero no es lo mismo resistir que imponerse. No es lo mismo sobrevivir que institucionalizar el abuso. La resiliencia auténtica —esa que nace del dolor, de las caídas y de las traiciones— forja carácter; la resiliencia simulada, en cambio, fabrica máscaras.
Quien ha convivido con ingratos y ha soportado falsedades aprende una lección esencial: la dignidad no se negocia. Y esa máxima, que parece íntima y personal, es profundamente política. Porque cuando trasladamos esa narrativa de superación al ámbito público, la pregunta deja de ser emocional y se vuelve estructural: ¿quién ocupa el poder y bajo qué legitimidad?
Aquí es donde el debate en la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) deja de ser una disputa de planillas para convertirse en un dilema de principios. No se trata de colores. Se trata de naturaleza jurídica.
Un servidor público pertenece a la estructura del gobierno estatal. Su nombramiento es político o administrativo dentro del aparato del Estado. Su lealtad institucional está vinculada a la esfera gubernamental que lo designa. Responde a una lógica vertical de poder. Esto en relación a un integrante que forma parte de la estructura de la planilla Roja que encabeza Carlos Leal Orozco, y que deben jurídicamente tomar acciones y sanciones tanto la institución educativa como el gobierno del estado.
Distinto es el caso de quien accede mediante el servicio civil. El servicio civil implica concurso, mérito, evaluación objetiva. Es una plaza ganada, no concedida. Es un derecho consolidado por competencia federal, no por designación discrecional. Su lealtad es institucional, no política. Por lo tanto, si existe un integrante que forme parte de la planilla Verde encabezada por Raymundo Magaña que reúna estas características no incurre en ilegalidad alguna. Confundir ambas figuras es desconocer el principio de legalidad administrativa.
El servidor público representa la voluntad política del Estado. El servidor civil representa la profesionalización del servicio. Confundir ambas figuras es diluir la frontera entre poder y mérito. Y para quienes dicen que es igual y se debe medir con la misma vara, está totalmente equivocado.
Por eso, cuando se analiza la sucesión tras la cuestionada gestión de Raúl Portillo Molina, el debate no puede reducirse a simpatías personales ni a lealtades viscerales. Defender “la sangre” con rabia no convierte lo indefendible en legítimo. Si en las estructuras de las planillas —roja o verde— existen perfiles cuya naturaleza jurídica responde a lógicas distintas, la comparación no es retórica: es institucional.
La planilla Roja carga con la percepción —cada vez más extendida— de ser una prolongación del viejo esquema, una posible tapadera de inercias, corrupción y complicidades indómitas. La planilla Verde, por ahora, se asume como expresión divergente de la base trabajadora. Pero incluso esa narrativa debe sostenerse con hechos, no con consignas.
GOTITAS DE AGUA:
La universidad no necesita héroes que presuman cicatrices. Necesita estructuras limpias. Necesita distinguir con precisión quirúrgica entre quien representa al gobierno y quien ganó su lugar por concurso federal.
Porque cuando las instituciones pierden esa claridad, la resiliencia deja de ser virtud y se convierte en coartada. Y una coartada, en política, casi siempre encubre algo más profundo que el dolor: encubre poder. Esta historia continuará. “Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos mañana”…
COLUMNA: SOBRE EL CAMINO
Por. – Benjamín Bojórquez Olea.
La diferencia entre servicio público y servicio civil
Quien ha convivido con ingratos y ha soportado falsedades aprende una lección esencial: la dignidad no se negocia. Y esa máxima, que parece íntima y personal, es profundamente política. Porque cuando trasladamos esa narrativa de superación al ámbito público, la pregunta deja de ser emocional y se vuelve estructural: ¿quién ocupa el poder y bajo qué legitimidad?
Aquí es donde el debate en la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) deja de ser una disputa de planillas para convertirse en un dilema de principios. No se trata de colores. Se trata de naturaleza jurídica.
Un servidor público pertenece a la estructura del gobierno estatal. Su nombramiento es político o administrativo dentro del aparato del Estado. Su lealtad institucional está vinculada a la esfera gubernamental que lo designa. Responde a una lógica vertical de poder. Esto en relación a un integrante que forma parte de la estructura de la planilla Roja que encabeza Carlos Leal Orozco, y que deben jurídicamente tomar acciones y sanciones tanto la institución educativa como el gobierno del estado.
Se comenta, además, que Manuel Pellegrini Vidales, quien figuraba en dicha planilla Roja con la cartera de Prestaciones Sociales, habría sido bajado de dicha planilla. Si ello es cierto, no es gesto político: es reconocimiento tácito de un conflicto estructural. Y todo lo dicho en mi artículo del día de ayer, termina dándome la razón.
Distinto es el caso de quien accede mediante el servicio civil. El servicio civil implica concurso, mérito, evaluación objetiva. Es una plaza ganada, no concedida. Es un derecho consolidado por competencia federal, no por designación discrecional. Su lealtad es institucional, no política. Por lo tanto, si existe un integrante que forme parte de la planilla Verde encabezada por Raymundo Magaña que reúna estas características no incurre en ilegalidad alguna. Confundir ambas figuras es desconocer el principio de legalidad administrativa.
El servidor público representa la voluntad política del Estado. El servidor civil representa la profesionalización del servicio. Confundir ambas figuras es diluir la frontera entre poder y mérito. Y para quienes dicen que es igual y se debe medir con la misma vara, está totalmente equivocado.
Por eso, cuando se analiza la sucesión tras la cuestionada gestión de Raúl Portillo Molina, el debate no puede reducirse a simpatías personales ni a lealtades viscerales. Defender “la sangre” con rabia no convierte lo indefendible en legítimo. Si en las estructuras de las planillas —roja o verde— existen perfiles cuya naturaleza jurídica responde a lógicas distintas, la comparación no es retórica: es institucional.
La planilla Roja carga con la percepción —cada vez más extendida— de ser una prolongación del viejo esquema, una posible tapadera de inercias, corrupción y complicidades indómitas. La planilla Verde, por ahora, se asume como expresión divergente de la base trabajadora. Pero incluso esa narrativa debe sostenerse con hechos, no con consignas.
GOTITAS DE AGUA:
La universidad no necesita héroes que presuman cicatrices. Necesita estructuras limpias. Porque cuando las instituciones pierden esa claridad, la resiliencia deja de ser virtud y se convierte en coartada. Y una coartada, en política, casi siempre encubre algo más profundo que el dolor: encubre poder. Esta historia continuará. “Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos mañana”…