Por. – Benjamín Bojórquez Olea.
La Sedatu en penumbra
En los pasillos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la narrativa oficial habla de orden, planeación y transformación territorial. Pero debajo de ese discurso institucional, según versiones internas, lo que estaría creciendo no es precisamente desarrollo: es una estructura de poder paralela.
Nos comenta un pajarito desde la federación que, bajo la titularidad de Edna Silva, se habría incubado una red de complicidades cuyo eje operativo sería el jefe de oficina, Alonso Cacho Silva. No se trata de simples fricciones administrativas ni de desacuerdos burocráticos; las acusaciones que circulan al interior son de otro calibre: contratos presuntamente amañados, contubernio con empresas fantasma, tráfico de influencias y un esquema de control que, dicen, se sostiene en el miedo.
Si esto es cierto, no estamos ante un caso menor de indisciplina institucional. Estaríamos frente a la captura interna de una dependencia federal por un círculo reducido que, según testimonios, habría convertido la oficina en un centro de decisiones discrecionales donde se controlan contratos, voluntades y silencios.
Lo más delicado no es únicamente la existencia de denuncias —que, nos aseguran, ya fueron presentadas ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno— sino la presunta omisión. Porque en política, la omisión también es una forma de acción. Gobernar no es solo firmar documentos; es ejercer vigilancia, asumir responsabilidad y cortar de raíz cualquier indicio de corrupción.
Cuando una estructura de mando permite —por acción o por inacción— que un funcionario concentre poder sin contrapesos, la institución deja de ser un órgano del Estado y se convierte en un feudo administrativo. Y los feudos no rinden cuentas: imponen lealtades.
Las denuncias hablan de corrupción, abuso de autoridad, nepotismo e incluso acoso sexual. Son señalamientos graves que, de comprobarse, no solo configurarían responsabilidades administrativas, sino posibles ilícitos. Pero incluso antes de que la autoridad determine su veracidad, el simple cúmulo de acusaciones revela un clima institucional enrarecido. Donde hay miedo laboral, difícilmente hay transparencia; donde hay contratos cuestionados, la confianza pública se erosiona.
La pregunta inevitable es: ¿quién controla al controlador? Si el jefe de oficina concentra contratos y decisiones, ¿qué papel juega la titular de la dependencia? ¿Ignorancia, tolerancia o cálculo político? En cualquiera de los tres escenarios, la gobernanza se debilita.
México arrastra una larga tradición de redes internas que operan bajo la sombra del poder formal. El problema no es solo jurídico; es ético. Cuando la estructura administrativa se utiliza para favorecer intereses particulares, el daño no se limita al presupuesto: se fractura la credibilidad del Estado.
Pronto, según se anticipa, las denuncias con pruebas serían entregadas a otras instancias. Será entonces cuando el expediente deje de ser rumor y se convierta en materia de escrutinio institucional. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá la responsabilidad de demostrar que no es un órgano decorativo, sino un instrumento real de control.
GOTITAS DE AGUA:
Mientras tanto, la Sedatu enfrenta una encrucijada moral. O asume una revisión interna profunda y transparente, o permite que la sospecha se convierta en narrativa dominante. Porque cuando el poder se encierra en sí mismo y se blinda con silencios, no estamos ante liderazgo: estamos ante una estructura que teme a la luz. Y la política, tarde o temprano, siempre termina rindiendo cuentas ante ella. “Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos el lunes”…