Por. – Benjamín Bojórquez Olea.
Bajo la toga de la Planilla Roja
La crisis que atraviesa la vida sindical en la Universidad Autónoma de Occidente no es solo política sino también moral. Es profundamente ética. Es el reflejo de una comunidad universitaria que observa, muchas veces en silencio, cómo la legalidad y los estatutos que le dan vida al sindicato Único de Trabajadores Académicos y académicos de la Universidad Autónoma de Occidente (SUTAAUAO)son doblados, reinterpretados o simplemente ignorados según convenga.
No se trata únicamente de nombres —aunque los nombres pesan—. Se trata de estructuras que parecen haber confundido la dirigencia sindical con patrimonio personal, la representación sindical con blindaje político y el servicio público con un botín administrativo.
Detrás del debate sobre la dirigencia sindical se asoma una sombra persistente: la de quienes han socavado la confianza interna, debilitando la idiosincrasia de una comunidad que clama por un cambio genuino. No un relevo cosmético. No una sucesión pactada en lo oscuro. Un cambio que restituya el sentido de servicio, de dignidad, de lealtad a los principios rectores de la institución. Cuando la vida sindical en la universidad comienza a parecer una extensión de intereses grupales, algo se ha fracturado en su corazón.
El caso de Alfonso Páez Álvarez, señalado por haber permanecido como profesor de tiempo completo sin desempeñar funciones académicas durante años mientras ocupaba distintos cargos públicos, no es una anécdota menor. Es el síntoma de un modelo permisivo. Primero en instancias vinculadas a transparencia, luego en estructuras de bienestar, ahora en el Ayuntamiento de Ahome, mientras su plaza universitaria de tiempo completo permanece intacta.
Si estos hechos son ciertos, estamos ante una pregunta incómoda pero ineludible: ¿Desde cuándo la comisión política sustituye al cumplimiento laboral? ¿Desde cuándo la universidad tolera que se use su estructura para garantizar descargas administrativas estratégicas que eviten rendir cuentas?
La aspiración a ocupar una secretaría de vivienda dentro del sindicato Único de Trabajadores no puede convertirse en escudo para evadir responsabilidades académicas. La representación gremial debe defender derechos, no fabricar inmunidades. Alfonso Páez Álvarez, insisto, la ley debe cumplirse, a los puestos de confianza en la función pública no se solicita licencia, se tiene que renunciar si quiere continuar con el cargo sindical al que aspira actualmente fungiendo como candidato a la secretaría de vivienda en la Planilla Roja, de lo contrario deben tomar acciones legales.
La llamada Planilla Roja, impulsada desde trincheras que ya han demostrado prácticas cuestionables, carga con una percepción que no es gratuita: huele a continuidad, no a renovación. Y la continuidad, cuando está asociada a privilegios opacos, no es estabilidad: es estancamiento. El problema no es sólo jurídico. Es cultural. Es la normalización del “así se ha hecho siempre”. Es la aceptación resignada de que los estatutos son flexibles cuando el poder lo exige.
GOTITAS DE AGUA:
La universidad no es un ayuntamiento. No es una delegación. No es un comité partidista. Su naturaleza es académica, crítica, formadora de pensamiento libre. Cuando el servicio público se superpone al servicio universitario sin reglas claras, se diluye la frontera institucional. Y cuando se diluyen las fronteras, se erosiona la autonomía moral.
La pregunta que queda en el aire es brutalmente sencilla: ¿Será la legalidad la que rija el futuro de la universidad… o serán los intereses de grupo quienes dicten su destino? La respuesta no la dará un discurso. Será la coherencia de los actos. “Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos mañana”…
