Daniel Camargo Hernández / Cuestión de POLÉMICA
● Jilotzingo, cuando la autoridad es la ladrona
En el Estado de México, la línea entre la autoridad y el delito vuelve a desdibujarse. Esta vez, el epicentro es Jilotzingo, donde el nombre del alcalde Raziel Chavarría comienza a aparecer en una investigación que, de confirmarse, no sólo exhibirá corrupción, sino una preocupante complicidad institucional.
Me dicen que la Fiscalía estatal indaga la posible relación del edil con el robo de un tráiler cargado con neumáticos, un caso que pasó, en cuestión de horas, de ser un delito común a un escándalo político de alto voltaje.
Los hechos son claros —y alarmantes—. El martes 21 de abril de 2026, la empresa afectada reportó el robo de la unidad, la cual contaba con sistema de geolocalización.
El rastreo no dejó lugar a dudas: el tráiler se encontraba en Mazatla territorio de Jilotzingo. Lo que siguió encendió todas las alertas. Autoridades estatales intentaron coordinarse con la policía municipal de Jilotzingo, pero no obtuvieron respuesta.
Al arribar elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la escena era contundente: policías municipales en plena descarga de los neumáticos robados, utilizando patrullas oficiales y vehículos particulares.
No se trataba de omisiones, sino de participación directa. La flagrancia obligó a la detención del comisario, el hijo del chofer del alcalde y 5 elementos de seguridad pública, el aseguramiento de 8 armas, 3 patrullas y una camioneta particular que, según las investigaciones, estaría vinculada al propio alcalde y utilizada en su negocio restaurantero.
El caso no es menor. Si se confirma la relación del edil con los hechos, estaríamos frente a un esquema donde el poder municipal no sólo tolera el delito, sino que lo ejecuta.
El alcalde por su parte sostuvo mediante un video que «no toleraremos la corrupción, ni encubriremos a nadie…» veremos.
NEPOTISMO MEXIQUENSE, EL BOTÍN FAMILIAR EN LA MIRA
El golpe en la mesa desde la LXII Legislatura del Estado de México suena fuerte: tipificar el nepotismo como falta administrativa grave y castigar con hasta 20 años de inhabilitación a quien convierta el servicio público en negocio familiar.
En el papel, la iniciativa de José Miguel Gutiérrez Morales parece una vacuna contra uno de los vicios más arraigados del poder mexiquense: el acomodo de esposas, hijos, primos y compadres en nóminas infladas y estructuras hechas a modo.
Pero en los pasillos del poder la lectura es otra: esta reforma no solo abre la puerta a una limpia institucional, también amenaza con exhibir redes completas de parentesco enquistadas en ayuntamientos, dependencias estatales y organismos autónomos, donde el mérito ha sido sustituido por el apellido.
El problema no es menor. Si la ley se aplica sin simulación, vendrá una ola de conflictos internos, despidos, litigios y, sobre todo, ajustes de cuentas políticos.
Porque detrás del discurso anticorrupción podría destaparse una caja de Pandora: contratos asignados a familiares, plazas heredadas, triangulación de recursos y estructuras paralelas que han operado durante años con total impunidad.
La pregunta incómoda no es si hay nepotismo —eso está documentado en múltiples administraciones—, sino quiénes serán los primeros en caer y quiénes lograrán esquivar la guillotina.
En el Estado de México, donde el poder suele ser un asunto de familia, esta reforma no solo pone nerviosos a muchos… también podría revelar que la corrupción no era una excepción, sino una regla disfrazada de institucionalidad.
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Gracias por su lectura. Los esperó hoy a partir de las 7:30 de la mañana con mi comentario en #UltraNoticias con Oscar Glenn, en el 101.3 FM de Toluca. Ya lo sabe, que le vaya como se porte.