Por. – Benjamín Bojórquez Olea.
Sinaloa ante el desafío de la verdad
La política contemporánea parece moverse entre dos fuerzas en tensión: la inmediatez de la información y la necesidad de justicia. Hoy, los hechos viajan a gran velocidad, pero esa misma rapidez puede diluir la prudencia. En ese contexto, emitir juicios sin sustento se vuelve una tentación constante. Por eso, el caso del gobernador Rubén Rocha Moya requiere algo más que reacciones impulsivas: demanda responsabilidad cívica y apego a los principios del Estado de derecho.
El posicionamiento del mandatario sinaloense frente a los señalamientos provenientes de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York no solo consistió en una negación categórica. También buscó situar el conflicto en dimensiones más amplias: la institucional, la política y la soberana. Al calificar las imputaciones como “falsas” e “infundadas”, introduce una línea de defensa que, si bien es legítima en términos de derecho a la réplica, debe contrastarse con los mecanismos legales previstos tanto en México como en el ámbito internacional.
Conviene recordar que toda persona —sin importar su investidura— goza del principio de presunción de inocencia, reconocido en el Artículo 20 constitucional. Este principio no es un tecnicismo: es una garantía esencial que protege la dignidad humana frente al juicio precipitado. En ese sentido, la ciudadanía tiene el derecho, pero también la responsabilidad, de no anticipar culpabilidades sin pruebas verificables.
La apelación a la soberanía, al invocar el Artículo 40 constitucional, introduce otro elemento relevante. Defender la independencia del Estado mexicano frente a posibles injerencias externas es un principio legítimo dentro del orden constitucional. Sin embargo, esa defensa no debe desplazar la exigencia igualmente fundamental de transparencia, rendición de cuentas y cooperación institucional cuando existan señalamientos que requieren esclarecimiento.
En este punto, el debate deja de ser exclusivamente político y se convierte en un asunto de confianza pública. La fortaleza del Estado de derecho radica precisamente en su capacidad para procesar acusaciones mediante vías legales, imparciales y verificables. Ni la descalificación automática ni la condena anticipada contribuyen a ese objetivo.
Así, la ciudadanía se encuentra ante una disyuntiva que no debe resolverse desde la emoción, sino desde la conciencia crítica: sostener la presunción de inocencia mientras se exige claridad en los hechos. Este equilibrio, aunque incómodo, es el que distingue a una sociedad que privilegia la justicia sobre la inmediatez.
GOTITAS DE AGUA:
En ese mismo sentido, no será buscando culpables como se logrará encaminar a Sinaloa hacia una salida real. La crisis de violencia e inseguridad vinculada al narcotráfico es profunda y tangible, pero desviarnos hacia juicios impulsados por la emoción sólo fragmenta más el tejido social. El reto central es otro: fortalecer la unidad, reconstruir la confianza y asumir, como sociedad, un compromiso colectivo para salir adelante.
Esto implica también ejercer un pensamiento crítico que permita distinguir entre afirmaciones infundadas y hechos comprobables, entendiendo que, en un Estado de derecho, las pruebas son la única base legítima para sostener cualquier acusación. El anhelo de paz es compartido; alcanzarlo exige tener la convicción de que será el tiempo, acompañado de evidencia, el que ofrezca respuestas claras.
Porque en un estado como Sinaloa, marcado por una complejidad social y cultural profunda y por una crisis de seguridad (que se ha agravado en el último año), no basta con asumir que el camino hacia la paz, por sí solo, garantizará alcanzarla. Como advertía Mahatma Gandhi, “No hay camino para la paz, la paz es el camino”; pero en nuestra realidad, esa idea exige ir más allá de lo simbólico y traducirse en acciones concretas, instituciones sólidas y una responsabilidad compartida que reconozca la magnitud del desafío. “Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos el lunes”…