Por. – Benjamín Bojórquez Olea.
Sinaloa o la disputa por el alma pública
Hay algo profundamente inquietante —y a la vez revelador— en la forma en que una sociedad decide a quién recordar. La memoria pública no es un archivo inocente: es un campo simbólico, una arquitectura de legitimidad donde se disputan no solo los relatos del pasado, sino las posibilidades del porvenir. En ese sentido, Sinaloa se ha convertido en un laboratorio moral donde coexisten, en tensión irresuelta, dos narrativas antagónicas: la estetización de la violencia y la silenciosa dignidad de la vida ordinaria.
Durante años, el imaginario colectivo ha sido colonizado por una suerte de romanticismo distorsionado que convierte a los narcotraficantes en sujetos de empatía política, bajo el argumento —aparentemente incluyente, pero éticamente problemático— de que “también son pueblo”. Esta afirmación, que en su superficie parece democratizadora, encierra en realidad una peligrosa equivalencia moral: diluye las fronteras entre la legalidad y la barbarie, entre el esfuerzo legítimo y la acumulación violenta. No se trata de negar las condiciones estructurales que originan la criminalidad, sino de advertir que su reivindicación simbólica erosiona el tejido normativo que sostiene a la comunidad.
Frente a esa narrativa, emerge —todavía de forma incipiente, casi arqueológica— otra memoria posible. Una memoria hecha de misivas, como las que evocan el antiguo ulama, vestigio vivo de una civilización que entendía el juego como rito y no como espectáculo de poder. O aquellas que nos remiten a la fundación de Culiacán, a la persistencia histórica de El Fuerte, o a la riqueza minera que dio identidad a El Rosario, y a uno de los ex gobernantes sinaloenses más reconocidos de la época contemporánea, Juan S. Millán. En esas imágenes no hay estridencia, sino continuidad; no hay violencia espectacular, sino trabajo acumulado.
Esa otra memoria también habita en figuras que, lejos del estruendo del poder ilícito, encarnaron una ética del esfuerzo. Pedro Infante, por ejemplo, no fue solo un ícono cultural, sino la representación de una sensibilidad popular que no necesitaba de la transgresión para ser admirada. Lo mismo podría decirse de Lola Beltrán o de José Ángel Espinoza Ferrusquilla, y el doctor Jesús Kumate, honorable miembro de El Colegio Nacional, benemérito promotor de las campañas de vacunación nacional, cuyas trayectorias muestran que el reconocimiento puede construirse desde la autenticidad y el arraigo, no desde la violencia.
Más aún, en el ámbito intelectual y científico, nombres como Gilberto Owen, Inés Arredondo o Norman Borlaug —este último, artífice de una revolución agrícola que literalmente alimentó al mundo— nos recuerdan que la grandeza no siempre es estridente; a menudo es silenciosa, metódica, casi invisible. Y sin embargo, es esa grandeza la que transforma la historia.
Lo que está en juego, entonces, no es solo una disputa estética o cultural, sino una reconfiguración profunda del contrato social. ¿Qué tipo de ciudadanía se construye cuando los referentes simbólicos provienen de la ilegalidad? ¿Qué horizonte ético se ofrece a las nuevas generaciones cuando la notoriedad sustituye al mérito? La respuesta, aunque incómoda, es clara: una sociedad que glorifica la excepción violenta termina por normalizar la erosión de sus propias reglas.
GOTITAS DE AGUA:
En última instancia, la verdadera disputa no es entre pasado y presente, sino entre dos concepciones del valor: una basada en la visibilidad inmediata y otra en la trascendencia silenciosa. Sinaloa —y México en su conjunto— tendrá que decidir cuál de esas misivas quiere legar al futuro. Porque en esa elección, más que la memoria, está en juego la posibilidad misma de una vida pública digna.
“Si cierran la puerta, apaguen la luz”.
“Nos vemos mañana”
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