Daniel Camargo Hernández / Cuestión de POLÉMICA
● Red de despojos desde las entrañas
● Apoya Rescala a familias ante alza de gasolina e insumos
El magistrado José Luis Maya Mendoza, miembro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, está siendo señalado por habitantes del municipio de Acambay como parte de una red involucrada en el despojo de predios en municipios de la zona norte del Estado de México, delito que se estaría encubriendo precisamente desde el Poder Judicial mexiquense y del Colegio de Notarios de esta entidad.
Los denunciantes solicitaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México amplié los operativos que realiza en el marco de la “Operación Restitución”, para frenar la ilegal ocupación de predios rurales y de inmuebles en municipios como Acambay, Jilotepec y Jocotitlán donde ya se tiene información de propiedades que José Luis Maya Mendoza se ha apropiado y las ha puesto a su nombre en complicidad con autoridades municipales y notarios públicos.
Se asegura que las maniobras de posesión ilegal de tierras y propiedades están afectando sobre todo a personas de la tercera edad, pero también a particulares que han acudido ante la autoridad para denunciar los ilícitos.
Revelan presunta Red de Tráfico de Tejido en Edoméx
Las denuncias que emergen desde el Banco de Tejidos del Estado de México vuelven a encender las alertas sobre prácticas que, lejos de erradicarse, parecen mantenerse vivas bajo nuevas administraciones.
Trabajadores de la Secretaría de Salud mexiquense revelaron una presunta Red de Tráfico de Tejido liderado por la doctora Inés Díaz Muñoz, a quien acusan de encabezar una serie de acciones que, aseguran, deben ser investigadas a fondo por las autoridades competentes.
Los inconformes colocaron carteles en distintas áreas del Banco de Tejidos para denunciar presuntos actos de corrupción, hostigamiento laboral y una supuesta red de tráfico de tejidos que, afirman, habría operado durante años.
Según los trabajadores, Díaz Muñoz acumula más de 16 años al frente de esta área estratégica, periodo en el que —sostienen— se consolidaron prácticas irregulares y una estructura de control que hoy mantiene bajo presión a la base laboral, exigen la intervención inmediata de la Contraloría estatal para esclarecer los señalamientos y deslindar responsabilidades.
Los denunciantes cuestionan que personajes vinculados al antiguo régimen priista intenten regresar a espacios clave del sector salud, pese a antecedentes que consideran negativos para la institución.
A menos de un mes de la llegada de Celina Castañeda de la Lanza a la Secretaría de Salud, los trabajadores demandan una revisión profunda de estos casos y advierten que las movilizaciones continuaran, si las acusaciones son falsas deben aclararse, pero si son ciertas, el silencio institucional podría convertirse en el mayor escándalo.