Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados (ANJ) realizaron este viernes jornadas simultáneas de información y difusión en ciudades fronterizas y puntos estratégicos del país para visibilizar una preocupación que, afirman, trasciende el caso de las pensiones y abre una discusión de interés nacional sobre la seguridad jurídica, la confianza institucional y la no retroactividad de las leyes.
Las actividades se desarrollaron de manera simultánea en distintos puntos del norte del país, entre ellos Torreón; los Puentes Internacionales I y II de Piedras Negras-Eagle Pass, donde participaron jubilados de Coahuila y del estado de Nuevo León; así como en la Garita de Mexicali, Baja California. De igual forma, se llevaron a cabo acciones informativas en el Aeropuerto de Mazatlán, el Aeropuerto de Los Mochis y el Aeropuerto Internacional de Culiacán, en el estado de Sinaloa.
Durante la jornada, las y los participantes distribuyeron material informativo y realizaron actividades de difusión ciudadana para explicar las implicaciones que, a su juicio, tendría permitir interpretaciones que afecten derechos previamente reconocidos.
La organización explicó que eligió las ciudades fronterizas por el significado económico e institucional que representan para el país. Señaló que las fronteras son espacios donde convergen la inversión, el comercio, la movilidad y el intercambio internacional, actividades que dependen de reglas claras y de la confianza en las instituciones.
“La seguridad jurídica es un patrimonio de todas y todos los mexicanos. Cuando existe certeza jurídica, existe confianza. Y cuando existe confianza, existe inversión, crecimiento y desarrollo. Por eso esta causa trasciende a los jubilados y concierne al futuro del país”, señalaron integrantes de la Alianza.
Los manifestantes sostuvieron que su demanda busca una solución de fondo que garantice plenamente el respeto a los derechos adquiridos y elimine cualquier posibilidad de aplicar de manera retroactiva disposiciones que generen incertidumbre jurídica.
Asimismo, enfatizaron que su movimiento no defiende privilegios ni beneficios extraordinarios, sino principios que protegen a toda la ciudadanía.
“Hoy somos los jubilados; mañana podría ser cualquier mexicano. Lo que está en juego es la confianza en las instituciones, el respeto a los derechos adquiridos y la fortaleza del Estado de derecho”, expresaron.
Finalmente, la organización señaló que continuará impulsando su causa por medios pacíficos e institucionales, al considerar que la seguridad jurídica no tiene edad, partido ni ideología, sino que constituye un patrimonio que pertenece a todas y todos los mexicanos.