Por. – Benjamín Bojórquez Olea.
Hay un elefante en el palacio… y nadie quiere verlo
La pregunta que empieza a recorrer Salvador Alvarado no es si existen señalamientos contra el gobierno municipal, sino por qué tan pocos se atreven a exigir respuestas.
Hay una diferencia enorme entre gobernar y utilizar el poder como si fuera propiedad privada. La primera exige límites; la segunda sólo necesita la certeza de que nadie detendrá los brutales abusos.
Y eso parece estar ocurriendo en el municipio de Salvador Alvarado. Mientras Sinaloa continúa atrapado en una crisis de violencia, incertidumbre e instituciones debilitadas, hay gobiernos municipales que, lejos de concentrarse en proteger a los ciudadanos, parecen haber encontrado un mecanismo mucho más rentable: convertir la autoridad en una herramienta de presión.
Las acusaciones contra la presidenta municipal Guadalupe López González no son menores. Diversas empresas del sector de telecomunicaciones sostienen que su administración pretende cobrar conceptos que, por disposición constitucional, corresponden exclusivamente al ámbito federal. No se trata de una discusión administrativa cualquiera; el señalamiento es que se intenta imponer cobros sin sustento legal bajo la amenaza permanente de multas multimillonarias.
Si esas acusaciones resultan ciertas, la pregunta ya no es jurídica. Es moral. Porque cuando un gobierno exige dinero respaldándose únicamente en la fuerza que le otorga el cargo, deja de administrar y comienza a intimidar.
Las denuncias van todavía más lejos. Se acusa que, ante la negativa de las empresas para aceptar esos cobros, funcionarios municipales habrían ordenado cortar y retirar infraestructura de telecomunicaciones, provocando afectaciones a miles de ciudadanos que dependen diariamente del servicio de internet para trabajar, estudiar, comunicarse y sostener sus negocios.
Los nombres señalados públicamente incluyen al director de Obras Públicas, José Ricardo Cruz; al director de Desarrollo Urbano, Ubaldo Montes Rodríguez; y al asesor Pedro Molineros Urías. Los proveedores de telecomunicaciones incluso han llevado estas acusaciones ante la Fiscalía General de la República.
Si todo esto forma parte de un procedimiento legal, ¿por qué existen denuncias penales? Si todo está sustentado en derecho, ¿por qué las empresas hablan de extorsión? Y si el objetivo era proteger el interés público, ¿por qué quienes terminaron pagando las consecuencias fueron miles de ciudadanos que se quedaron sin servicio?
El problema ya no es únicamente el dinero. Es el mensaje. Porque cuando una autoridad descubre que puede imponer condiciones simplemente porque tiene el control de la fuerza institucional, inevitablemente comienza a creer que todo aquello que puede hacer también le está permitido.
Y esa es una de las formas más peligrosas en que el poder se degrada. No necesita violencia visible. No necesita discursos. Le basta con convencer a todos de que resistirse tendrá un costo.
GOTITAS DE AGUA:
El silencio alrededor de este caso también merece atención. Resulta llamativo que un asunto que involucra presuntas afectaciones multimillonarias, denuncias federales y posibles abusos de autoridad no ocupe el centro del debate público en un municipio cuyos ciudadanos fueron directamente afectados.
Porque cuando un escándalo deja de generar preguntas, no significa necesariamente que haya sido aclarado. A veces significa que muchos decidieron dejar de preguntar.
El verdadero peligro para un pueblo no comienza cuando el poder se equivoca. Comienza cuando el poder deja de rendir cuentas… y la sociedad deja de exigirles. “Si cierran la puerta, apaguen la luz”.* “Nos vemos mañana”*…
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