Por. – Benjamín Bojórquez Olea.
Lo que quisieron enterrar terminó hablando
Hay una diferencia abismal entre un conflicto y un conflicto escondido. El primero puede explicarse. El segundo inevitablemente despierta sospechas. Y eso es exactamente lo que hoy produce ruido en Salvador Alvarado.
No porque exista una disputa entre el Ayuntamiento y diversas empresas de telecomunicaciones. Los desacuerdos jurídicos forman parte de cualquier gobierno. Lo verdaderamente perturbador es que este asunto, según todo indica, no nació ayer. Era un expediente que llevaba tiempo respirando bajo tierra, lejos del escrutinio ciudadano, hasta que algo salió mal entre quienes conocían la historia y el silencio dejó de ser suficiente para contenerla.
Si el problema llevaba meses —o quizá años— discutiéndose, ¿por qué la sociedad nunca fue informada? ¿Por qué los ciudadanos nos enteramos únicamente cuando las diferencias dejaron de resolverse en la intimidad del poder?
Porque esa es la anatomía de casi todos los escándalos políticos. Primero existe el silencio. Después viene la ruptura. Y finalmente aparece el hedor. No el hedor de la ilegalidad probada, sino el olor de la desconfianza. Ese aroma que invade la vida pública cuando las instituciones dejan de explicar y comienzan únicamente a reaccionar.
Las empresas sostienen que el gobierno municipal pretendía cobrar conceptos que corresponderían a facultades federales. El Ayuntamiento responde que hubo ampliaciones de infraestructura sin los permisos locales necesarios y que el municipio tiene derecho a exigir el cumplimiento de obligaciones dentro de su competencia. Ambas posturas pueden defenderse jurídicamente.
Incluso creo que ninguna empresa privada debe operar en territorio municipal sintiéndose inmune a la autoridad local. Si existen permisos municipales, éstos deben pagarse. Si existen obligaciones administrativas legítimas, deben cumplirse.
Pero el problema nunca ha sido ese. El verdadero problema aparece cuando los cobros dejan de percibirse como reglas generales y comienzan a parecer decisiones discrecionales.
Cuando los montos sorprenden. Cuando los procedimientos resultan opacos. Cuando nadie explica con absoluta claridad cómo se llegó a determinadas cifras. Y, sobre todo, cuando la ciudadanía descubre el conflicto únicamente porque los actores involucrados dejaron de ponerse de acuerdo.
Eso cambia completamente la conversación. Porque entonces surge una pregunta devastadora. Si pretendían resolver todo entre oficinas cerradas… ¿por qué nosotros jamás supimos que existía este conflicto? ¿Qué otras negociaciones importantes transitan lejos de la luz pública?
Ahí comienza la enfermedad política. No en los tribunales. No en los expedientes, sino en la percepción ciudadana.
Arthur Schopenhauer escribió que el hombre rara vez soporta la verdad cuando ésta hiere sus intereses. Quizá por eso tantos gobiernos prefieren administrar la información antes que transparentarla.
Pero la verdad tiene una virtud implacable. Siempre encuentra alguna grieta por donde escapar. Y cuando finalmente emerge, ya no aparece como información. Aparece convertida en sospecha.
Mientras tanto, la administración de Guadalupe López González enfrenta un desgaste evidente. Las dificultades financieras del municipio de Salvador Alvarado, las inconformidades por retrasos en pagos, las promesas cuya evaluación corresponde hacer a la ciudadanía y ahora esta controversia con empresas de telecomunicaciones terminan alimentando una percepción de fragilidad política.
En el poder existe una ley que jamás ha necesitado publicarse en el Diario Oficial. La opacidad siempre cobra intereses. Cada silencio cuesta credibilidad. Cada explicación tardía vale menos que una explicación oportuna. Cada intento de controlar la narrativa fortalece la sospecha de que algo intenta esconderse.
Quizá por eso la política se parece tanto a una herida mal atendida. Mientras permanece cubierta parece estable, pero cuando finalmente se abre…No brota sangre. Brota pus. Y la pus no necesariamente demuestra un delito. Lo que demuestra es que hubo una infección que nadie quiso atender a tiempo.
Eso es lo verdaderamente preocupante en Salvador Alvarado. No solamente el conflicto, sino el método. La política ejercida desde la discreción excesiva termina convirtiendo cualquier decisión administrativa en un posible escándalo público.
Porque cuando los ciudadanos desconocemos durante meses lo que ocurre dentro del poder, dejamos de confiar en las explicaciones y comenzamos a construir nuestras propias conclusiones. Entonces ya no importa quién tenga jurídicamente la razón. Importa quién perdió moralmente la confianza.
GOTITAS DE AGUA:
Giulio Andreotti decía que «el poder desgasta». Yo creo que la frase quedó incompleta. El poder no desgasta por sí mismo. Lo que verdaderamente consume a los gobiernos es creer que la oscuridad puede administrarse para siempre.
Porque toda negociación escondida termina buscando una rendija por donde escapar. Y cuando finalmente encuentra esa rendija, la luz no ilumina. Exhibe. Y cuando la política queda expuesta después de haber permanecido demasiado tiempo entre sombras, el problema deja de ser administrativo. Se convierte en una crisis de confianza.
Y pocas derrotas son más difíciles de revertir que aquella en la que el ciudadano deja de preguntarse qué pasó… para empezar a preguntarse qué más le han ocultado.
“Si cierran la puerta, apaguen la luz”
“Nos vemos mañana”
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