- Jueves negro. Presidentes municipales y exfuncionarios libraron la prisión.
- Flores y Nápoles fueron vinculados a proceso, pero seguirán siendo alcaldes.
- Lo que faltaba en Tenancingo: agreden a reporteros que cubrían la audiencia.
- Jueces y magistrados contra mecanismos de evaluación en el Poder Judicial.
- Ya ahora: síndica denuncian al alcalde morenista de San Felipe del Progreso.
POR JUAN GABRIEL GONZÁLEZ CRUZ
Vaya jueves negro el que se vivió con la impartición y administración de Justicia en el Estado de México con dos presidentes municipales en funciones, un exalcalde y un exfuncionario estatal, todos acusados por diversos delitos.
Por un lado, tal y como se los adelanté el martes pasado, los alcaldes de Metepec y Tenancingo, Fernando Flores Fernández (PAN) y Nancy Nápoles Pacheco, fueron vinculados a proceso por los delitos de Abuso de Autoridad y Simulación de Secuestro, respectivamente, pero no se determinó la prisión preventiva justificada, es decir, llevarán su proceso penal en libertad y continuarán ejerciendo su cargo al frente de las administraciones municipales.
Flores Fernández por los hechos ocurridos el 4 de junio cuando irrumpió de manera violenta y con escoltas armados, en el Club Deportivo La Asunción, hechos por los cuales fue denunciado penalmente e imputado por abuso de poder y lesiones. Por lo que respecta a la morenista Nancy Nápoles, acusada por “Simulación de Secuestro” ocurrido el 31 de mayo pasado y que -según el Ministerio Público- fue planeado y ejecutado por su esposo y cuñado con la finalidad de acceder a un rescate de 40 Millones de Pesos pagados por el erario, con la intención de subsanar un desfalco por la misma cantidad en las arcas municipales, pero la justicia mexiquense determinó continuar con la audiencia hasta enero del 2027.
Pero a estos casos se sumó la libertad de Lino Rodríguez y Santos Cabrera, ex director de Gobierno en la zona sur-sureste de la entidad y ex alcalde de Otzoloapan, respectivamente, quienes hace una semana fueron detenidos por autoridades federales en el marco del Operativo Enjambre y acusados por delitos como extorsión, secuestro y delincuencia organizada. Para los jueces federales no hubo pruebas contundentes que llevaran a mantener en prisiones federales a Lino y Santos, así que se desvaneció cualquier acto legal en contra de estos personajes que ya están en sus casas.
Las conclusiones son simples. Por lo que respecta a Fernando y Nancy sólo tendrán que cargar con el vituperio y escarnio tras sus acciones que se hicieron virales en redes sociales, medios de comunicación y la opinión pública, porque la justicia no encontró elementos para destituirlos ni para encarcelarlos. Se trata de resoluciones que para la colectividad resultan incomprensibles y que se prestan a la presunción de que detrás de las mismas habría intereses o sesgos políticos.
Sin embargo y en lo referente a Lino y Santos, el dictamen tiene mayor impacto negativo, ya que el sigilo de la información por parte de las autoridades federales que detuvieron a estos sujetos y que concluyó con su rápida libertad, van en franco detrimento de la estrategia contra la inseguridad y en el caso concreto del Estado de México empañan una de las insignias de la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, como lo ha sido el Operativo Enjambre que fue replicado por el gobierno de la República.
CANCIÓN, DICHO O REFRÁN
Una tras otra en estupideces…
Y lo que se esperaba ocurrió en el caso Tenancingo. La irritación social no se hizo esperar durante la audiencia en los juzgados de este municipio, donde Nancy Náoles entró uy salió en medio de una tempestad de reclamos, acusaciones, vituperios y consignas. Pero lo que terminó por generarle un mayor problema al que ya de por sí tiene encima con el SECUESTRO SIMULAFO, fue el comportamiento de sus colaboradores -varios de ellos policías municipales sin uniforme- quienes en aras de sobreproteger a Nápoles Pacheo durante su retirada, agredieron a varios compañeros reporteros y periodistas que cubrieron la audiencia “privada”. Gian Carlo Serrano y Dalila Ramírez, de Grupo Imagen; Aleli Rodríguez, de Tv Azteca; Ximena García y Ramses Mercado, del Sol de Toluca; así como representantes de páginas y medios de comunicación regionales, fueron tundidos a golpes para cerrarles el paso y evitar que realizaran su trabajo, mientras una valla de trogloditas municipales repartía golpes y empujones contra manifestantes y reporteros. Desde este espacio manifiesto mi indignación y repudio al comportamiento de funcionarios y seguidores de la alcaldesa morenista Nancy Náoplez; exijo la intervención y protección hacia los colegas por parte de las autoridades correspondientes, especialmente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y del Mecanismo para la Protección de Periodistas de la entidad. Cuando uno piensa que las autoridades municipales de Tenancingo ya no pueden cometer más estupideces, salen con esto que en lugar de ayudar a la alcaldesa le generan más problemas.
¿Evaluación con tintes políticos?…
Bajo la bandera de la evaluación de desempeño a jueces y magistrados, el Poder Judicial del Estado de México puso marcha un mecanismo que, lejos de consolidarse como una herramienta técnica de mejora, está siendo percibido por diversos sectores como una antesala para una reconfiguración política interna y el fondo del asunto no es menor. Se ha señalado que el objetivo tras estos puntajes es construir una narrativa que justifique, ante la oficina de la Gobernadora Delfina Gómez, la necesidad de promover iniciativas de ley ante el Congreso mexiquense orientadas a la destitución de los jueces evaluados. No son pocos jueces y magistrados que ven en esta misiva un andamiaje administrativo como un instrumento para remover integrantes del Poder Judicial y que puede implicar una jugada de alto riesgo que altera el equilibrio de poderes. Se sabe que la implementación de esta estrategia sin una consulta previa ha generado inquietud en la Secretaría General de Gobierno y pareciera que ya hubo una fricción con alcance de ruptura en los protocolos de comunicación y coordinación política. Si alguien se saltó las trancas en el Poder Judicial, ignorando los canales tradicionales de concertación puede tambalear las reformas judiciales en el estado.
Violentadores de corazón…
En San Felipe del Progreso vuelve a encenderse un foco rojo. La síndica municipal, Patricia González, denunció ser víctima de violencia política en razón de género, señalando directamente al alcalde Jaime Torres Marín. De confirmarse los hechos, no se trataría de una diferencia política cualquiera, sino de una conducta que vulnera los derechos de una representante electa y que contradice el discurso de respeto e igualdad que tanto presume la Cuarta Transformación. Lo que resulta aún más llamativo es que Jaime Torres forma parte del grupo Mexiquenses de Corazón, encabezado por el senador Higinio Martínez Miranda, donde constantemente se habla del decálogo de principios, de la ética en el servicio público y del respeto entre quienes integran el movimiento. Sin embargo, en los hechos, pareciera que algunos de sus integrantes no han entendido —o simplemente han decidido ignorar— esos compromisos. En los últimos meses se ha vuelto recurrente ver a presidentes municipales que gobiernan como si fueran dueños del ayuntamiento, olvidando que los cabildos existen para deliberar, generar contrapesos y representar a la ciudadanía, no para obedecer la voluntad de una sola persona. Confundir mayoría con autoritarismo nunca ha dado buenos resultados. Quizá el doctor Higinio Martínez debería dedicar menos tiempo a criticar al Gobierno del Estado de México y más a reforzar, entre los alcaldes de su propio grupo político, los principios de ética, congruencia y respeto. Porque el discurso pierde fuerza cuando no va acompañado de los hechos. Y si, como sostienen diversos señalamientos públicos, buena parte de los escándalos políticos recientes involucran a alcaldes cercanos a su corriente, entonces el llamado a la congruencia debe comenzar por casa.