Con el fin de garantizar atención y acompañamiento a familias ante las muertes que sufran por un aborto o la pérdida de recién nacidos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propuso modificaciones a la Ley General de Salud para que las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud brinden atención integral, oportuna, digna, respetuosa, humanizada.
“Con esta propuesta buscamos visibilizar la dimensión física, mental y emocional que acompaña a las mujeres, personas gestantes y familias que enfrentan una pérdida gestacional, perinatal o neonatal, y avanzar hacia un marco jurídico que no sólo atienda las consecuencias clínicas de estos acontecimientos, sino que reconozca y acompañe de manera integral el proceso de duelo”, señalaron.
Mediante una iniciativa que busca adicionar un nuevo Capítulo V Bis denominado «Atención por pérdida gestacional, perinatal y neonatal», a la Ley General de Salud, las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky y Ana Karen Hernández, encabezadas por el senador Alberto Anaya Gutiérrez, plantean la creación de un Protocolo Nacional de Atención Integral y Humanizada ante la Pérdida Gestacional, Perinatal y Neonatal.
El cual se actualizará periódicamente y tendrá que ser aplicado obligatoriamente a las instituciones públicas, sociales y privadas que integran el Sistema Nacional de Salud.
Al fundamentar la propuesta, la senadora Liz Sánchez explicó que el objetivo es garantizar una atención integral y evitar prácticas que puedan profundizar el sufrimiento o generar sentimientos de abandono luego de este tipo de pérdidas.
“La reacción posterior a la muerte de un bebé durante la gestación o en sus primeros días de vida requiere atención prioritaria, pues se considera una de las situaciones más estresantes y devastadoras que una persona puede experimentar”, señaló la legisladora.
En este sentido, sostuvo que las afectaciones emocionales no son menores y tratar de sanarlas de manera aislada puede generar dificultades que empeoran el estado emocional de las y los dolientes, al experimentar sensaciones de soledad, culpa y frustración por no encontrar mejoría.
La legisladora por Puebla detalló que con la creación del protocolo se pretende asegurar que todas las instituciones públicas, sociales y privadas cuenten con procedimientos claros para la atención inmediata y el seguimiento posterior de las personas y familias en duelo.
Lo anterior, permitirá evitar disparidades en la calidad de los servicios, vacíos de atención o prácticas que puedan derivar en revictimización. De igual manera, se fortalece la obligación de capacitar y sensibilizar al personal de salud para garantizar una actuación profesional, empática y respetuosa.
Asimismo, la reforma también tiene como finalidad garantizar el acceso oportuno a servicios especializados de acompañamiento y apoyo integral para quienes atraviesan una pérdida de esta naturaleza.
Para ello se prevé la atención médica, psicológica, emocional, social y, cuando resulte necesario, jurídica, así como mecanismos de referencia a profesionales especializados y de seguimiento posterior a la atención inicial.
“Con estas medidas se busca que las personas afectadas no enfrenten solas las consecuencias de la pérdida y que puedan recibir el apoyo necesario para afrontar adecuadamente su proceso de duelo y recuperación.
Finalmente, la senadora Liz Sánchez aseguró que la reforma contribuye a cerrar una importante brecha normativa y a garantizar que el Estado mexicano brinde una respuesta integral, sensible y acorde con la dignidad de las personas frente a una de las experiencias más difíciles que puede enfrentar una familia.
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