PROPONEN FORTALECER JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica, evitar criterios contradictorios y garantizar una justicia administrativa más transparente y accesible, la diputada de morena, Elena García Martínez, propuso reformar el Código de Procedimientos Administrativos y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

La iniciativa plantea establecer reglas claras para la elaboración, aprobación, modificación y publicación de tesis aisladas y jurisprudencias, a fin de que las resoluciones del Tribunal respondan a criterios jurídicos consistentes y brinden mayor certidumbre tanto a la ciudadanía como a las autoridades.

En la exposición de motivos, la legisladora advierte sobre un rezago institucional significativo: la última jurisprudencia del Tribunal fue publicada el 19 de mayo de 2017, lo que representa casi nueve años sin una producción jurisprudencial publicada de manera regular, pese a la importancia de estos instrumentos para garantizar una adecuada impartición de justicia.

La propuesta parte de una premisa fundamental: quienes enfrentan situaciones jurídicas semejantes deben contar con criterios claros que permitan conocer cómo se interpreta y aplica la ley, evitando decisiones dispares que generen incertidumbre.

Para atender esta problemática, la reforma propone regular tres mecanismos de formación de jurisprudencia: por reiteración, contradicción y modificación, además de precisar las responsabilidades de los distintos órganos del Tribunal para evitar duplicidades y vacíos normativos.

Asimismo, establece la obligación de registrar y publicar las tesis aisladas y jurisprudencias en la Gaceta del Gobierno y en el órgano oficial de difusión del Tribunal, facilitando su consulta y fortaleciendo la transparencia de la función jurisdiccional.

De acuerdo con la iniciativa, durante 2025 el apartado de búsqueda de jurisprudencias del portal institucional registró 38 mil 815 consultas, una muestra del interés público por conocer los criterios que orientan las resoluciones administrativas.

Otro de los aspectos relevantes es la apertura de las sesiones del Tribunal al escrutinio ciudadano. La legisladora propone que las sesiones del Pleno de la Sala Superior, de la Junta de Gobierno y Administración y de los Comités sean públicas y transmitidas mediante los canales electrónicos institucionales, con las excepciones legalmente justificadas para proteger datos personales e información reservada o confidencial.

Con ello, se busca que la transparencia no se limite a conocer las resoluciones finales, sino que permita a la sociedad observar los procesos institucionales mediante los cuales se deliberan y adoptan decisiones.

La iniciativa también contempla mecanismos para garantizar la observancia de la jurisprudencia obligatoria del Poder Judicial de la Federación, así como procedimientos institucionales ante posibles incumplimientos.

Para Elena García Martínez, la propuesta representa una oportunidad de fortalecer la función del Tribunal y recuperar una tarea esencial para la impartición de justicia administrativa: generar criterios jurídicos que orienten a las autoridades, faciliten el trabajo jurisdiccional y protejan los derechos de las personas.

La finalidad es avanzar hacia una justicia administrativa en la que las decisiones sean consistentes, los criterios estén al alcance de todas y todos y el funcionamiento institucional pueda ser conocido y evaluado por la sociedad.

De esta manera, la legisladora de morena impulsa una reforma que coloca la certeza jurídica, la transparencia y la rendición de cuentas como elementos fundamentales de una justicia más cercana a la ciudadanía.