Por. – Benjamín Bojórquez Olea.
La casa robada del jubilado…
En un país donde las instituciones públicas ya no se caen, sino que se pudren de pie. El caso del quebranto financiero contra los jubilados de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) es una herida abierta, pútrida, que nadie quiere mirar de frente. Casi cien millones de pesos, correspondientes al 5% de los sueldos de trabajadores aportados desde 1986 para su fondo de vivienda, simplemente… desaparecieron. El dinero se esfumó con la misma facilidad con la que se esfuman las promesas en los discursos oficiales. Y lo más infame: se esfuma el derecho a un techo digno después de toda una vida de trabajo.
¿Cómo se llama eso? No es olvido. No es burocracia. Es robo. Es traición institucional. Es violencia administrativa.
La Asociación de Jubilados y Pensionados de la UAdeO ha demandado penalmente al Gobierno del Estado y al STASE. Lo han hecho porque ya no queda otra salida que empujar al Leviatán a rendir cuentas. ¿Qué hicieron con ese dinero que mes tras mes les descontaron? ¿Qué FIPAVI fantasmal es ese, enterrado quién sabe dónde, donde supuestamente descansan los ahorros de cientos de trabajadores? ¿Qué clase de broma macabra es decirle a un jubilado que no puede recuperar su dinero porque no lo solicitó a tiempo?
Esta no es solo una historia de corrupción. Es una prueba dolorosa de cómo el sistema mexicano trata a los que entregaron su vida a la educación pública. Se les despoja del derecho a envejecer con dignidad. Se les devuelve con desprecio el sudor convertido en papel mojado. Y si esto no es una política criminal, ¿qué lo es?
¿No es criminal construir una cadena de opacidad tan larga que ningún eslabón puede responder con certeza dónde está el dinero?
¿No es criminal que el sindicato SUTAAUAO, que surgió como una esperanza, haya caído en el mismo pantano del cinismo, la desidia y el saqueo, con un secretario general que pierde millones y se excusa con cuentos de asesorías?
Estamos frente a una tragedia moral. El Estado, el sindicato y la rectoría han fallado. Pero no con errores inocentes, sino con actos conscientes de negligencia o complicidad. Nadie da la cara. Nadie responde. Nadie investiga. Solo hay excusas, rumores y documentos que duermen bajo el polvo del olvido institucional.
La pregunta es brutalmente sencilla: ¿quién se robó el dinero de los jubilados? Porque alguien se lo robó. Y el silencio oficial es cómplice. Y el silencio social es una forma de resignación.
GOTITAS DE AGUA:
Este caso debería escandalizar, incendiar conciencias, provocar marchas. Pero vivimos en un país donde lo indignante ya no indigna. Donde robarles a los viejos es apenas una nota de relleno en la prensa. Donde el futuro siempre está hipotecado, incluso para los que ya lo dieron todo por construirlo.
Urge una investigación real, con dientes. Urge que el INAI abra los archivos como bisturí. Urge saber si FIPAVI es un fantasma o una cloaca. Urge que se exponga a cada rector, a cada líder sindical, a cada burócrata que metió la mano en este fondo como si fuera un cochinito electoral.
Porque detrás de cada peso robado, hay una vida. Una casa que no se construyó. Una vejez que se volvió incertidumbre. Una promesa hecha cenizas. Y eso, en un país con memoria, debería ser imperdonable. “Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos mañana”…
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