DANIEL CAMARGO HERNÁNDEZ | Cuestión de POLÉMICA
● A la banca por extorsión y alcoholismo
● En riesgo la elección judicial
Irving Aguilar Hernández, quien se desempeñaba como Comisario de Seguridad Pública en el municipio de Ayapango, al oriente del Estado de México, fue destituido del cargo con el presidente municipal, Margarito Soriano Cuadros, y se inició investigación penal y administrativa en su contra por presunta extorsión, ya que, según denuncias de vecinos, cobraba de 15 mil a 20 mil pesos a quienes detenía en distintos operativos policíacos.
La denuncia ciudadana fue respaldada por elementos de la misma policía municipal de Ayapango quienes aseguraron que su ex jefe los sometía a medidas disciplinarias exageradas por cuestiones como traer el uniforme socio o sin planchar, las botas sin lustre y llegar tarde al pase de lista, por lo que los dejaba retenidos en los separos, los suspendía sin goce de sueldo hasta por tres días o simplemente les hacía descuentos a la nómina de hasta la mitad de su salario.
El pasado domingo 27 de abril, quien fuera Comisario de Ayapango fue sorprendido por el propio presidente municipal fue sorprendido, junto con la Jefa de Turno, Leticia Flores Sosas, en un bar de la zona, y dos policías más, ingiriendo bebidas alcohólicas en horario laborable y portando el uniforme de la corporación. Este sujeto ya fue presentado al Ministerio Público que será el encargado de determinar su grado de responsabilidad y la eventual sanción que enfrentará.
En riesgo la elección judicial
De acuerdo con estudio realizado por el Gabinete de Consultores Asociados, menos del 15 por ciento de la población del país está enterado que el próximo 1 de junio se llevará a cabo una elección para decidir la nueva conformación del Poder Judicial federal y del propio del Estado de México. Pero eso no es lo peor, de ese total de personas enteradas, únicamente un 5 por ciento tiene alguna intención de ir a las urnas a ejercer el voto.
Se trata de una situación poco más que preocupante, pues si este sentido del voto se mantiene podría representar la elección con mayor margen de abstención de la historia nacional, y, con ello, el desperdicio de un presupuesto millonario que se decidió canalizar para la organización, realización y calificación de la elección de jueces, magistrados y ministros.
Pocos, muy pocos, son los que tienen alguna intención de ir a votar, pero si se toma en cuenta lo complejo que resulta el manejo de las boletas que ha promocionado el Instituto Nacional Electoral, que nadie se espante de un verdadero desperdicio en papel para que unos cuantos se presenten el 1 de junio a hacer el caldo gordo a la llamada elección judicial.
El gran fraude funerario que el gobierno quiere enterrar
Trabajadores, maestros en activo, pensionados y jubilados del Estado de México que fueron defraudados por la empresa Certificados Integrales Funerarios saldrán a marchar. Partirán del Monumento al Maestro en Toluca y llegarán hasta Palacio Nacional. No buscan flores ni condolencias: exigen que el gobierno visibilice un fraude monumental que dejó a decenas de miles sin dinero… y sin respuestas.
Piden que las Fiscalías Regionales dejen de ponerles trabas para levantar sus denuncias. Quieren información clara sobre las investigaciones, pero sobre todo exigen saber cómo piensa el gobierno mexiquense resarcir el daño. O si, en el peor de los escenarios, también están metidos hasta el cuello como cómplices.
El fallecido exobispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, aparece como una figura clave detrás del entramado. Aunque murió hace tres años, en vida habría operado el negocio a través de su primo político, Alberto Monroy Calva, y su sobrino, Alberto Monroy Cepeda. Ambos están desaparecidos, nadie los encuentra, nadie los busca.
El fraude no habría sido posible sin el respaldo –activo o por omisión– del gobierno del Estado de México, de presidentes municipales y de dirigentes sindicales del SMSEM y del SUTEyM. A los trabajadores les descontaban mes con mes sus cuotas para servicios funerarios que jamás llegaron.
Los montos oscilan entre 25 y 35 mil pesos por persona. Solo en el Estado de México, más de 100 mil trabajadores resultaron afectados. Y el esquema también operó en la Ciudad de México y otras entidades.
La pregunta es incómoda pero inevitable, el balón esta en la cancha del actual gobierno del estado de México: ¿Qué hará al respecto la gobernadora Delfina Gómez Álvarez? Porque el presunto fraude no es poca cosa: asciende a más de 2 mil 500 millones de pesos. ¿Será capaz de enfrentarlo? ¿O intentará sepultarlo en el olvido?
Va Héctor Macedo por magistratura
En el contexto electoral actual, donde varios funcionarios se separan de sus cargos para participar en campañas dejando de lado sus responsabilidades, el magistrado civil de la región Texcoco, Héctor Macedo García, ha optado por continuar en funciones mientras compite por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
Macedo ha decidido realizar actividades de campaña fuera de su horario laboral, con el argumento de no afectar la atención de los asuntos judiciales a su cargo. Su decisión, según señala, busca priorizar la continuidad del servicio de justicia.
Planea solicitar licencia hasta la etapa final del proceso, una vez atendidos los casos más urgentes bajo su responsabilidad.
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Gracias por tu lectura. Los espero mañana a partir de las 7:30 de la mañana con mi comentario en #UltraNoticias con Oscar Glenn, en el 101.3 FM de Toluca. ¡Ya lo sabe, que le vaya como se porte.