Daniel Camargo Hernández / Cuestión de POLÉMICA
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El alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, quedó atrapado en la zona baja de aprobación ciudadana en el Estado de México. De acuerdo con la medición de Demoscopia Digital correspondiente a abril de 2026, el morenista apenas alcanzó 45.7% de aprobación, colocándose en el lugar 18 de 20 alcaldes evaluados.
El dato enciende alertas políticas en uno de los municipios más importantes del Valle de México, donde la ciudadanía sigue reclamando resultados en seguridad, servicios y orden urbano.
La lectura política es inevitable: en un municipio con el peso económico, industrial y poblacional de Tlalnepantla, la baja aprobación no es solo una cifra, sino un síntoma de desgaste.
Las quejas por inseguridad, deterioro urbano y falta de resultados visibles comienzan a pasar factura al gobierno municipal y también golpean a Morena en una plaza clave rumbo a los próximos procesos electorales.
La pregunta incómoda ya circula en los pasillos políticos: ¿por qué uno de los municipios más relevantes del Edomex tiene a su alcalde entre los peores evaluados?
¿Desapareció el Black Hawk del GEM?
El gobierno de Delfina Gómez Álvarez enfrenta un nuevo escándalo que ya genera fuertes cuestionamientos al interior de la administración mexiquense: la presunta compra de un helicóptero militar Sikorsky UH-60 Black Hawk, valuado en cerca de 4 millones de dólares, que habría sido adquirido desde enero pasado, pero cuya existencia física nadie puede comprobar.
La aeronave no aparece en hangares, no opera para la Secretaría de Seguridad estatal y tampoco existe evidencia pública de su entrega, pese a que presuntamente ya se realizan pagos relacionados con su resguardo.
De acuerdo con versiones recabadas dentro del gobierno estatal, la operación habría sido impulsada directamente por el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien encabezó las negociaciones para adquirir el aparato.
El conflicto comenzó a escalar cuando diversas áreas de la administración detectaron inconsistencias entre la supuesta compra del helicóptero y la inexistencia física de la aeronave.
Incluso, personal vinculado a la Dirección de Normatividad asegura que continúan fluyendo pagos de entre 100 mil y 150 mil pesos por espacios en hangares del aeropuerto de Toluca, donde presuntamente sería resguardado el Black Hawk, aunque trabajadores aeroportuarios sostienen que jamás lo han visto en la terminal aérea.
El caso estalla en un momento particularmente delicado para la administración estatal, donde la percepción de inseguridad sigue entre las más altas del país, de acuerdo con mediciones recientes del INEGI.
A ello se suma el creciente malestar dentro del propio gobierno mexiquense por la permanencia de Cristóbal Castañeda Camarillo, quien continúa al frente de la estrategia de seguridad pese a los señalamientos internos.
La polémica también revive cuestionamientos sobre el grupo de mandos provenientes de Sinaloa que llegaron junto al secretario, entre ellos Carlos Alberto Hernández Leyva, subsecretario de la Policía Estatal; Víctor Antonio Cisneros Díaz, titular de la Unidad de Inteligencia; Jesús Astorga Ríos, director de Operaciones del C5 en Ecatepec; y Gonzalo Hernández Durazo, actual titular de la Universidad Mexiquense de Seguridad y Justicia, todos cercanos al ex funcionario sinaloense.