El rol de la víctima en el sistema penal, reparación del daño y medidas cautelares en etapa de investigación, fortalecimiento de la capacitación de servidores judiciales, retos de la Defensoría Pública y de la Fiscalía en etapa de investigación, fueron algunos de los temas que se abordaron en el inicio de las Jornadas Académicas para el Balance del Código Nacional de Procedimientos Penales, a una década de su entrada en vigor.
Organizado por el Poder Judicial del Estado de México, a través de su Escuela Judicial, este encuentro -el primero de tres que se llevarán a cabo en las regiones judiciales de Toluca, Tlalnepantla y Texcoco- fue presidido por el Secretario Técnico, Virgilio Jaramillo Rojas, en representación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Héctor Macedo García y el Director de la EJEM, Magistrado José Luis Embris Vásquez. Como moderadora fungió la Magistrada Elizabeth Rodríguez Colín, integrante del Órgano de Administración Judicial.
Durante este ejercicio, la Magistrada Cecilia Moreno Luna, Presidenta de la Sala Unitaria Penal del Estado de México, consideró que entre los avances se encuentran la consolidación de figuras como la legalidad de las detenciones, el respeto al debido proceso, el régimen de medidas cautelares y la especialización de los operadores jurídicos. En tanto, uno de los desafíos es consolidar el principio de presunción de inocencia y garantizar que la prisión preventiva se mantenga como medida de carácter excepcional, aplicada cuando sea estrictamente necesaria y esté justificada.
El Magistrado Ismael Hernández Alemán, integrante del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, señaló que uno de los principales retos es la participación efectiva de las víctimas dentro del proceso penal; consideró que a la fecha no se han logrado los resultados esperados, pues al limitarse su intervención se afecta uno de los objetivos de la reforma de 2008, referente a garantizar la reparación del daño. La consolidación del sistema -agregó- demanda el compromiso conjunto de personas juzgadoras, fiscalías, defensorías y asesores jurídicos, para fortalecer una justicia más humana, equitativa y centrada en la protección efectiva de los derechos de las víctimas.
Por su parte, Juan Abelardo Hernández Franco, Director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, campus Toluca, aseguró que la capacitación de los operadores jurídicos es uno de los factores clave para su fortalecimiento.
Entre los principales retos que visualiza el especialista, destacó la adecuada integración de las carpetas de investigación, la construcción de narrativas claras y cronológicas de los hechos, elementos fundamentales para sustentar las decisiones judiciales y garantizar procesos más sólidos y eficaces. Es indispensable -dijo- que juezas, jueces, fiscales y demás operadores desarrollen herramientas de argumentación y justificación que les permitan exponer con claridad y solidez las razones que sustentan sus determinaciones.
Marcial Hernández López, Agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Asuntos Especiales, expresó que uno de los desafíos a los que se han enfrentado las instituciones, específicamente en el caso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, es el gran número de denuncias que deben atender, lo que aumenta considerablemente la carga de trabajo, por ello es importante que se sigan fortaleciendo los recursos, procesos y capacidades para responder a la ciudadanía y acercar la impartición de justicia.
José Carlos Neira Cruz, Titular de la Dirección General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, subrayó que la necesidad de una capacitación permanente que incorpore nuevas herramientas para el análisis de los hechos, la argumentación jurídica, peritajes especializados y la construcción de estrategias de litigación cada vez más sólidas y eficaces, son algunos de los principales retos que enfrentan las instituciones. En el caso de la dependencia que representa, un factor importante es la falta de recursos financieros, desventaja frente a otras instancias que forman parte del equilibrio procesal.
A este evento asistieron las Magistradas Nancy Flores Mendoza y Karla Ivonne Díaz Iniesta, así como los Magistrados Alejandro Gómez Sánchez y Jesús Ángel Cadena Alcalá, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial; además, la Magistrada María Alejandra Almazán Barrera del Órgano de Administración Judicial.