Por. – Benjamín Bojórquez Olea.
Después de la “Guerra”, viene el análisis…
En la política, como en la tragedia griega, las traiciones más punzantes no se dan en la confrontación abierta, sino en el gesto envuelto en efecto, en la cortesía que esconde la daga. Esa parece ser la iniciativa legislativa impulsada por la diputada morenista María Teresa Guerra Ochoa: un intento velado —pero no menos violento— de censura institucional, bajo el disfraz de una aparente protección de género. La llamada “Ley Guerra” definió su juego, más que una herramienta de justicia, despide un tufo a vendetta preventiva, a blindaje de intereses personales disfrazados de causa colectiva.
A nadie escapa que el gobernador Rubén Rocha Moya ha mantenido, al menos en el discurso, una línea de respeto a la libertad de prensa, incluso ante las inevitables tensiones con el gremio. Su postura pública, especialmente tras el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, fue categórica: no se debe criminalizar la crítica. ¿Entonces, qué motivó a Teresa Guerra, hoy presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, a proponer una reforma al Código Penal que, en los hechos, criminaliza el ejercicio periodístico bajo el ambiguo paraguas de “violencia digital”?
La respuesta quizá no esté en los argumentos jurídicos, sino en los cálculos políticos. Esta iniciativa no es una declaración legislativa: es una declaración de lealtad. No a Rocha Moya, no al ideario de la 4T, sino a la senadora Imelda Castro Castro, quien parece haber comenzado su campaña al 2027 con la bandera de víctima de una guerra sucia supuestamente orquestada desde el poder que alguna vez fue su aliado. La “Ley Guerra” no busca justicia: busca silencio. No defiende a las mujeres: defiende a una mujer en campaña.
En este contexto, resulta legítimo preguntarse: ¿Es la diputada Guerra Ochoa una operadora política más, que usa su investidura para adelantar una agenda facciosa? ¿Es la ley una herramienta jurídica o un instrumento de intimidación simbólica? ¿Es su propuesta un acto de torpeza institucional o el primer paso de una ruptura mayor al interior del morenismo sinaloense?
Imelda Castro, al acusar sin pruebas a Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza de atacarla a través de redes sociales, no sólo ensombrece el debate político: se victimiza estratégicamente. Pretende blindarse de cualquier escrutinio bajo una narrativa que desborda lo jurídico y se adentra en lo metaconstitucional. Pero el ejercicio democrático implica aceptar que la crítica, incluso la mordaz, es parte del costo del poder. La propuesta de Guerra Ochoa niega esa verdad elemental.
No hay que ser ingenuos. En política, las “pausas” legislativas nunca son gratuitas. La iniciativa está en impasse, sí, pero también en observación. Mide la reacción del gobernador, de los medios, de la ciudadanía. Juega al ensayo del autoritarismo suave, ese que no se impone con tanques, sino con reformas que parecen proteger pero que, en realidad, silencian.
Si algo refleja esta coyuntura es que Morena, en Sinaloa, vive su propia batalla interna por la sucesión. Pero en lugar de abrir el debate, algunos prefieren cancelarlo. En lugar de disputar con ideas, optan por legislar el miedo. Y en lugar de construir consensos, siembran sospechas con leyes que buscan callar lo que no pueden controlar.
GOTITAS DE AGUA:
La “Ley Guerra” no sólo revela un intento de controlar el discurso público. Revela, sobre todo, que en la antesala de la sucesión, ya hay quienes están dispuestos a traicionar los principios que dijeron defender. La traición, en política, rara vez viene desde la oposición. Casi siempre llega desde dentro, disfrazada de lealtad, con sonrisa de aliada… y puñal en mano. “Si cierran la puerta, apaguen la luz”. “Nos vemos mañana”…
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OV El Analista: https://ovelanalista.com/columna-sobre-el-camino/