Por: Raúl García Rodríguez
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Lunes 21 de septiembre de 2026.- A pocos días de que la gobernadora #DelfinaGómez rinda su tercer informe de labores, su gestión destaca por un sólido nivel de aprobación y cohesión con el proyecto federal; sin embargo, mantiene el reto de demostrar mayor autonomía operativa e impacto de fondo en los problemas históricos de seguridad e infraestructura.
Con un nivel de aprobación que rebasa el 60 por ciento, la administración de la maestra ha logrado consolidar una red de apoyos propia —donde destaca el programa Mujeres con Bienestar— que complementa la cobertura federal, orientando recursos significativos a los sectores más vulnerables.
Otros puntos a favor del gobierno mexiquense estan ligados a la inversión en obra pública a través de proyectos de infraestructura vial, conectividad y servicios básicos en la zona metropolitana y el oriente, estabilidad financiera y óptimos niveles de recaudación, además del respaldo social que se plasma en encuestas y estudios de opinión.
En contraparte, entre los factores negativos se ubica la persistencia de la inseguridad. La incidencia delictiva, las extorsiones y los delitos de alto impacto en municipios clave siguen siendo una asignatura pendiente.
No menos importante es que la gestión estatal hace frente a críticas internas y externas por una lentitud operativa en secretarías estratégicas, donde grupos políticos heterogéneos compiten por influencia, ralentizando la toma de decisiones.
A lo anterior deben sumarse dos problemas estructurales: el desabasto de agua en el Valle de México y la saturación del transporte público, que dependen de proyectos de largo plazo que aún no muestran cambios drásticos para el habitante promedio.
Lo que es un hecho es que la particular forma de gobernar de #DelfinaGómez es reflejo de su dependencia del gobierno federal. Es evidente que los proyectos de mayor envergadura estructural, como el Plan Integral para el Oriente, las ampliaciones del tren metropolitano y las obras hídricas estratégicas, son diseñados, presupuestados y ejecutados directamente desde la presidencia.
Bajo esta óptica, el gobierno estatal actúa más como un facilitador territorial o brazo operador de la agenda presidencial que como un ente generador de grandes iniciativas locales autónomas.